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ONU cuestiona lentitud en el caso Jairo Zapa en Córdoba

El crimen se registró en el año 2014. Recientemente, se instaló y se suspendió el juicio oral en Montería.

Esta sería la segunda vez que la ONU solicita a Colombia un informe de avances sobre el caso de Jairo Zapa. Foto: Claudia Hernández

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra la Desaparición Forzada, reclamó al Estado colombiano avances en las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada y asesinato del director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, ocurridas en el año 2014.

De acuerdo con lo establecido por el organismo, hasta el momento no habrían avances significativos por parte de la Justicia colombiana que permitan esclarecer el asesinato.

En la comunicación firmada por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Comité, se resalta que en principio estaban programadas audiencias de juicio para el 3 de marzo del año 2020. Sin embargo, la audiencia fue instalada y suspendida por solicitud de una de los procesados, Zuan Naiduth López, quien se encuentra en casa por cárcel tras obtener una licencia de maternidad.

En desarrollo de esta audiencia vía Skype, la mujer solicitó aplazamiento de la misma pues no aceptó la designación de un defensor público sino que requirió de más tiempo para acudir a los servicios de un abogado convencional tras la renuncia de su apoderado quince días antes de la instalación del juicio que estaba previsto para desarrollarse en Montería.

La solicitud fue atendida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, que finalmente, por agenda del resto de abogados defensores no pudo reprogramar el juicio para el mismo mes de marzo sino para junio del presente año (del 16 al 19 de junio y del 23 al 26 de junio). Dichas fechas se mantendrían pese a la pandemia por el COVID-19, según se informó desde el despacho a este medio.

Esta sería la segunda vez que la ONU solicita a Colombia un informe de avances sobre este caso. La primera solicitud se realizó en octubre de 2017.

En ese entonces el Comité otorgó medidas cautelares, y requirió convocar urgentemente a los familiares del exdirector de Regalías de Córdoba, y a sus representantes para realizar una evaluación actualizada de su situación de riesgo.

Lo anterior, con la finalidad de que se puedieran adoptar todas las medidas de protección que fuesen necesarias para garantizar la seguridad de la familia Zapa Pérez y de sus allegados. También se dispuso proteger a los abogados de la familia, Juan Felipe Amaya Mejía y Claudia Durán Garzón.

"El Comité a la vez que reitera las medidas cautelares y de protección contenidas en su nota de 2017, insta al Estado a que informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos contenidos a más tardar el día 28 de agosto de 2020", se establece en el documento de la ONU.

Cabe indicar que, por este caso también son investigados Carlos Pérez (primo de Zapa), Jesús Albeiro Torres, el excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta (excompañero laboral de Jairo Zapa), estos últimos permanecen en la cárcel por otro proceso adelantado en su contra por el desvío de los dineros de regalías girados al departamento de Córdoba.

Por estos hechos solo hay una condena, la del exparamilitar Joice Hernández, quien confesó haber asesinado al exfuncionario de la administración del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

La condena de 23 años de prisión se conoció en octubre de 2019, luego de que Hernández llegara a un preacuerdo con la Fiscalía.

 

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