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¿Pueden los Alcaldes suspender actividades mineras en sus municipios?

El ingeniero de petróleos Julio Vera y el abogado ambientalista Rodrigo Negrete debatieron si los Alcaldes están facultados para suspender actividades mineras en sus territorios.

Julio César Vera y Rodrigo Negrete debaten en PartidaW. Foto: Partida WCon Juan Pablo Barrientos

La decisión del alcalde de Jericó, Antioquia, Jorge Pérez Hernández, de suspender las actividades de exploración minera de la multinacional Anglo Gold Ashanti en la finca La Mancha, a las afueras de ese municipio, revivió el debate sobre la autonomía de las comunidades y el poder de decisión sobre el subsuelo de la Nación.

El debate llegó a los micrófonos de Partida W con el ingeniero de petróleos Julio César Vera y el abogado ambientalista Rodrigo Negrete.

Vera argumentó que el subsuelo le pertenece a la Nación y, por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre este deben ser tomadas por las autoridades competentes que pueden tocar decisiones con base en argumentos técnicos y científicos. Señaló que en determinaciones como la del caso de Jericó, Antioquia, priman las verdades a medias y el miedo infundado, lo cual genera que los entes municipales decidan bajo manipulación. Expresó que en el país se debe dejar de estigmatizar al sector de hidrocarburos y extractiva, sino que se debe trabajar conjuntamente entre el Estado y las comunidades para traer el desarrollo y crecimiento económico al país.

Por su parte, Negrete dijo que los Alcaldes sí pueden suspender ese tipo de actividades gracias a sentencias de la Corte Constitucional que, a pesar de dejar sin piso las consultas populares, dio viabilidad para que los concejos municipales pudieran detener los proyectos extractivos. Fue enfático en que el Estado y las multinacionales han acudido, en varias ocasiones, al chantaje para manipular a los ciudadanos con el argumento de que si no se permite la minería legal, esos territorios serán copados por actores ilegales. Aseguró que la industria extractiva de un país no puede estar por encima de la vida y de los derechos fundamentales de su población, pues esta destruye sus entornos que han padecido el abandono del Estado en su papel de brindar seguridad, entre otros, a los líderes ambientalistas.