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La aclaración en el caso ETB

La Fiscalía aclaró que estas personas fueron imputadas por supuestas irregularidades en una interventoría por 1.200 millones de pesos y no por el "elefante blanco".

La Fiscalía aclaró que estas personas fueron imputadas por supuestas irregularidades en una interventoría por 1.200 millones de pesos y no por el “elefante blanco” de la ETB. Foto: Colprensa

El pasado miércoles 30 de enero, la Fiscalía General de la Nación publicó un boletín de prensa titulado “Imputados dos exdirectivos de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) por presunta defraudación a la entidad que asciende a casi 45.000 millones” en el que se menciona como presuntos responsables a Pablo Antonio Gómez Mora y Martha Lucía Martínez Ortega.

La W conoció que los hechos relatados en la audiencia de imputación de cargos no tenían relación con lo publicado en el boletín de prensa de la entidad, en el que se señalaba que estas dos personas eran responsables del desfalco de 45.000 millones de pesos en las obras no culminadas de la ETB.

La Fiscalía aclaró que estas personas fueron imputadas por supuestas irregularidades en una interventoría por 1.200 millones de pesos y no por el “elefante blanco” de la ETB, como lo aseguraba el comunicado.

La W consultó a la defensa de Pablo Antonio Gomez, quienes aseguraron que el exdirectivo no estuvo vinculado a la ETB en el año 2013 y que no suscribió en ejercicio de sus funciones todos los contratos que se mencionaba en el boletín.

También aclararon que Gómez fue imputado por el tema de la interventoría y no por el “elefante blanco”.

(Este es el comunicado erróneo)

Por otro lado, Compufácil S.A.S. informó que frente a la misma publicación de prensa  se permite informar que:

1. Compufácil No tiene ningún vínculo legal, comercial ni de ninguna otra naturaleza con las empresas contratadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para el diseño y construcción del Data Center.

2. En septiembre de 2015, Compufácil celebró un contrato con la ETB, cuyo objeto era el suministro y puesta en servicio de equipos tecnológicos para el nuevo Data Center, para lo cual la ETB tenía la obligación de entregar dicho Data Center construido, obra que nunca entregó.

3. Compufácil adquirió todos los equipos tecnológicos en el mes de octubre de 2015, tal y como consta en las órdenes de compra correspondientes, con posterioridad a la suscripción del contrato.

4. El 7 de diciembre de 2015, la ETB y Compufácil, suscribieron un único otrosi, a través del cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en 3 meses, en consideración a que el Data Center tenía un retraso en su entrega, obligación que estaba en cabeza de ETB.

5. Ante el incumplimiento de la ETB de entregar la obra civil del Data Center y dado el perjuicio económico que estaba sufriendo Compufácil, la Entidad solicitó que los equipos le fueran entregados en sus bodegas, hecho que aconteció el día 11 de diciembre de 2015, cuando 96 de los ítems correspondientes a los bienes de producción extranjera fueron entregados a la ETB, junto con su respectivo manifiesto de importación, en la bodega designada por dicha Entidad para tal fin. Los ítems restantes relacionados con el cableado, se entendieron entregados al momento de ser instalados en el Data Center Alma, según el acta suscrita por ETB y Compufácil.

6. El incumplimiento en la entrega del Data Center le ha ocasionado un perjuicio económico a Compufácil, puesto que tuvo que desembolsar a los proveedores de los bienes más de veinte mil millones de pesos, recibiendo solamente por parte de la ETB la suma de ocho mil millones de pesos.

7. En este sentido, Compufácil, lamenta profundamente que las decisiones de la administración de ETB no estén dirigidos a solucionar los problemas que se generaron en la obra desde el año 2015 y promuevan litigios encaminados a desconocer lo debido a Compufácil pese a que desde diciembre de ese año tiene en su poder los bienes que contrató.

8. Compufácil reitera su decidida y continua disposición de facilitar la entrega de documentos que evidencian la afectación económica por la no terminación del contrato en mención cuando cualquier medio de comunicación a bien los requiera.