ONU pide al estado reconocer responsabilidad por la masacre de Bojayá
Además, solicitaron una “acción más decidida” para proteger a las comunidades que viven una grave crisis de violencia en Bojayá y otras poblaciones del Chocó.
Juliette de Rivero, representante de ONU Derechos Humanos Colombia. Foto: Colprensa
En el marco de la conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá, la representante Juliette de Rivero, de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, señaló que las Farc ya han aceptado su responsabilidad, así como las Autodefensas, pero dos décadas después de ese crimen el estado sigue sin aceptar la responsabilidad que le corresponde por el ingreso de los paramilitares a la población, lo que causó el enfrentamiento con la guerrilla.
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“Mi oficina, presente en el país desde 1997, pudo comprobar lo que ocurrió e hizo pública la responsabilidad de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Estado Colombiano. Algunos de estos actores han reconocido su papel, otros aún no. Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para poder reparar integralmente y para hacer justicia” señala la declaración de la representante Juliette de Rivero.
Además, Naciones Unidas solicitó al ejecutivo y las distintas entidades del orden nacional una “acción más decidida” para proteger a los habitantes de Bojayá y en el país en general, así como la implementación del Acuerdo de Paz, al expresar una profunda preocupación por el aumento de la violencia en varias zonas.
“Hoy, mi oficina insta nuevamente al Estado colombiano a actuar de acuerdo con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin dejar de reconocer los esfuerzos de diversas entidades debemos enfatizar que la débil presencia del Estado impide construir una paz territorial duradera en el Chocó. El Estado no ha logrado contener la expansión y violencia de los grupos en el territorio” afirmó la Jefe de Oficina de Naciones Unidas.
Por otra parte, pidieron que se indaguen diligentemente los vínculos de agentes estatales con grupos criminales presentes en los distintos municipios y sus zonas rurales en el departamento del Chocó “que pondrían en riesgo a la población y deben ser investigadas por las entidades competentes”.
También desde la ONU señalaron inquietud por las denuncias de suicidios de jóvenes indígenas para evitar ser reclutados por grupos armados, así como las elevadas tasas de confinamiento y desplazamiento forzado de comunidades y su riesgo de extinción.
