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Siete municipios de Córdoba estarían en riesgo electoral: Defensoría del Pueblo

La alerta temprana advierte de posibles hechos de amenazas y homicidios en el marco del proceso electoral.

Siete municipios de Córdoba estarían en riesgo electoral, advierte la Defensoría del Pueblo. Foto: prensa Registraduría - referencia

Siete municipios de Córdoba estarían en riesgo electoral, advierte la Defensoría del Pueblo. Foto: prensa Registraduría - referencia

De cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, desde la Defensoría del Pueblo se alerta a siete de los 30 municipios de Córdoba para que se tomen las respectivas medidas y evitar posibles hechos de violencia como amenazas y homicidios.

Zonas como Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia, Montería y Sahagún, tienen un registro de riesgo alto en el mapa revelado por el organismo defensor de Derechos Humanos.

En ese sentido, se precisa que esta alerta de riesgo alto se emite en “municipios donde se tiene indicios de una alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia cometidos por grupos armados ilegales en el marco del proceso electoral, así como aquellos donde se registra la consumación de dichas amenazas”.

Esta alerta temprana también tuvo en cuenta la ocurrencia de los hechos violentos registrados durante el paro armado que promovió el Clan del Golfo en Córdoba durante cuatro días (del 5 al 8 de mayo). En estas fechas, organizaciones defensoras de Derechos Humanos reportaron más de 250 ataques criminales entre asesinatos, amenazas, quema de vehículos y otros.

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Además de la amenaza que representaría esta estructura armada, la Defensoría del Pueblo también advierte de posible presencia de disidencias de las Farc y Eln, en el sur del departamento de Córdoba.

Finalmente, se indicó que a nivel nacional hay un total de 84 municipios en riesgo extremo electoral, 206 en riesgo alto y 178 en riesgo medio. Los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño, son los que registran más municipios con riesgo extremo de violencia.

Teniendo en cuenta lo expuesto, organizaciones defensoras de Derechos Humanos como la Fundación Cordoberxia, exigen al Estado implementar acciones contundentes para proteger a la población civil.

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