Judicial

Según ‘Pacho Chino’, el desplazamiento forzado no era política de las Farc

Ante esas y otras afirmaciones de excomandantes de las Farc en el sur del país ante la JEP, la Procuraduría pidió mayor aporte de verdad a los comparecientes.

Exjefe guerrillero Édgar Gómez López, también conocido como ‘Pacho Chino’. Foto: Colprensa.

La Procuraduría delegada ante la JEP para el caso que investiga los crímenes del conflicto en Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, pidió mayor aporte de verdad a los comparecientes de las extintas Farc en esa zona del país, luego de varias ausencias de reconocimiento y desconocimiento de delitos que la desaparecida guerrilla perpetró durante el conflicto.

En el documento de 29 páginas liderado por la Procuradora Uldi Jiménez, uno de los excomandantes señalados por el ministerio público fue Edgar López Gómez ‘Pacho Chino’, exjefe del Bloque Occidental, quien de acuerdo con el ministerio público explicó el funcionamiento del Bloque Occidental, pero no “asumió ningún tipo de responsabilidad”. ‘Pacho Chino’ tampoco reconoció alguno de los casos de asesinato de 10 líderes indígenas que le presentó la JEP.

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" ...aunque acepta que las voladuras al oleoducto generaban afectaciones a la comunidad y a la naturaleza, se excusa diciendo no conocer el territorio ni los lugares en que se causaron los daños. Tanto así, que la magistratura le preguntó por 14 hechos victimizantes relacionados con esta conducta, a lo que el señor Edgar López dijo no tener conocimiento de ninguno. Lo mismo ocurrió cuando se le interrogó por hechos de desplazamiento forzado y confinamiento, estableciendo que no era una política ni del Frente 29 ni de las FARC”, resumió la Procuraduría.

Por lo anterior, ante la falta de aceptación de responsabilidad por muchos de los crímenes que se perpetraron en el sur del país y dada la larga trayectoria de ‘Pacho Chino’, en ese grupo armado, el ministerio público le solicitó “aportar verdad de manera más contundente y profunda” y que esperan que “reconozca su responsabilidad como un alto mando de la organización en la región”.

Incluso, varios comparecientes señalaron ante la JEP que los casos de desplazamiento forzado se presentaban porque ellos le daban la instrucción a la población de salir del territorio para “no quedar en medio del fuego cruzado”, es más, han llegado a endilgar responsabilidad por ese crimen de guerra “a terceros”, tal como afirmó Luis Eduardo Carvajal ‘Rambo’ ante los magistrados.

“...se atribuyen responsabilidades a terceros civiles que, según algunos comparecientes como Luis Eduardo Carvajal, han utilizado el nombre de las Farc para crear mentiras con el fin de encubrir actuaciones propias indebidas, tal y como ocurrió en el caso del desplazamiento de la comunidad del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (...) el factor común que estos escenarios presentan son afirmaciones que son difíciles de comprobar y crean un margen considerable para una posible revictimización”, señala el oficio del ministerio público.

En relación con las políticas generales de la extinta organización, los comparecientes mantuvieron la postura de afirmar que las Farc no era una organización narcotraficante, y que se limitaba a cobrar un “impuesto” a la coca a los terceros quienes, según ellos, sí se dedicaban a ese negocio criminal.

“...la narrativa construida a lo largo de las versiones de los comparecientes es concordante en afirmar que las FARC se limitó a cobrar el “impuesto” a los derivados de los cultivos de coca y a los laboratorios que se ubicaban en el territorio para desarrollar la cadena productiva completamente”, concluyó la Procuraduría.

También, algunos comparecientes llegaron a mencionar que fueron las Farc las que les enseñaron a los “finqueros” a implantar minas antipersonales, pero que los finqueros eran quienes las colocaban bajo tierra. Ante las afirmaciones de Pablo Catatumbo el año pasado, de supuestamente aportar un listado con minas antipersonal perdidas, pidieron que se conozca si ese documento sí fue efectivamente entregado a los magistrados.

Sobre el reclutamiento de menores de edad, algunos de los excomandantes de las Farc expresaron que recibían personas mayores de 14 años, y que no se contemplaban sanciones si se reclutaban personas menores de 15 años. Es más, según el compareciente Rubiel Torres, sí recibieron algunos menores de 15 años en las filas de las Farc, pero eran menores “huérfanos”.

Algunos comparecientes como ‘Heider Espinosa’, exmando del Frente 29, sostuvieron ante la JEP que el ingreso a la guerrilla no era “forzado” sino “voluntario”, y estaba permitido desde los 15 años.

Ante todo lo anterior, y la falta de verdad sobre el esclarecimiento de un falso positivo por parte de la Fuerza Pública, la Procuraduría concluyó que los excomandantes de las Farc y exintegrantes del Ejército presentaron “poco aporte en términos de esclarecimiento de hechos encaminados a la comprensión de patrones de macrocriminalidad”.

En adición a lo anterior, según las cifras calculadas por la Procuraduría delegada, del total de hechos victimizantes que le fueron presentados a los comparecientes, solamente entregaron información tendiente al esclarecimiento del caso, en el 10% de los asuntos presentados.

“...las respuestas que dan, en poco ayudan a traer claridad sobre los destinatarios de los ataques, las formas de ejecución y los espacios temporales que se tomaban para hacerlo. Esto deviene en un déficit de información concreta para el macrocaso”, expresó el ministerio público.

Finalmente, y ante afirmaciones de comparecientes donde no dieron claridad sobre la política de volar oleoductos con petróleo afectando la flora y fauna, o incluso llegaron a decir que las Farc “fue respetuosa” con el medio ambiente, la Procuraduría solicitó evaluar la posibilidad de citar al antiguo secretariado de la guerrilla para que declare sobre ese punto.

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