JEP acepta a cuatro soldados por 10 falsos positivos en Cesar y Antioquia
En la decisión, la magistrada Sandra Jeannette Castro también les hizo una dura advertencia, indicando que si no cumplen con un detallado plan de aporte a la verdad podría revocarse la libertad y hasta su continuidad en la JEP.
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de cuatro militares, José Miguel Zuleta, Jorge Enrique Sánchez, Oel Cañas, y Pedro Manuel Urruchurtu, por su responsabilidad en falsos positivos ocurridos predominantemente en el Cesar, cuando se desempeñaban como integrantes del Batallón La Popa.
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Los homicidios se perpetraron entre 2005 y 2007 en zonas cercanas a Valledupar y al municipio de El Copey. Además, uno de los casos, el cual involucra al soldado Urruchurtu se produjo en Valdivia (Antioquia) en 2006, donde como integrante del batallón Rafael Uribe Uribe, fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de un poblador, haciéndolo pasar como guerrillero muerto en combate.
El fallo determinó admitir a los militares al tratarse de crímenes competencia de la JEP por su relación con el conflicto, pero al mismo tiempo, la magistrada Castro realizó una dura advertencia a los soldados (quienes se encuentran en libertad condicional) señalando que, ante la falta de compromiso que se ha evidenciado por parte de los soldados con una verdad total, podría revocárseles ese beneficio y enviarlos nuevamente a la cárcel. Es más, podrían ver en riesgo su continuidad en la JEP.
“Los comparecientes serán advertidos de que las oportunidades que se les ofrecen para cumplir con sus compromisos son limitadas, dada la estricta temporalidad de esta Jurisdicción y la exigencia de respetar los derechos de las víctimas” señala la decisión.
Precisamente para el cumplimiento de sus obligaciones con la JEP y las víctimas y evitar una sanción, les fue otorgado un plazo de 10 días a los comparecientes para entregar su compromiso con la verdad claro y concreto, detallando que (al haber sido condenados por la mayoría de los hechos) deben ir más allá de lo fallado en la justicia ordinaria.
Dentro de los detalles de la investigación y el expediente en la JEP, se reveló cómo las personas eran reportadas como muertos sin identificar para facilitar su desaparición y encubrir el crimen, así como la referencia a las víctimas como “paquetes” en algunos de los casos, por ejemplo, el homicidio de tres hombres asesinados en 2007 después de ser engañados con una “oferta de trabajo”.