Denuncian contratación a dedo de seguridad privada en la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo entregó un contrato de vigilancia a una empresa que curiosamente era la única que cumplía los requisitos.
Imagen de referencia de contratos. Foto: Getty Images. / Prapass Pulsub
El pasado viernes 19 de abril, mediante la Resolución 1066 se adjudicó a la empresa Vipcol el servicio de vigilancia y seguridad privada de la entidad en todas las sedes del país hasta el 14 de julio de 2026. El valor del contrato es de $27.579 millones. Sin embargo, el proceso de adjudicación estuvo cuestionado y hoy se denuncia que los pliegos de condiciones fueron tipo ‘sastre’, hechos a la medida para que se lo ganara sólo un proponente.
El pasado 15 de abril se advirtió en Sigue La W que sospechosamente solo una de las dos ofertas que al final se presentaron -la correspondiente a la empresa Vipcol- cumplía con la evaluación técnica, financiera y jurídica. También se dijo que dicha empresa venía prestando de manera continúa y desde junio de 2022 el servicio de vigilancia mediante contratos que se le adjudicaron con prórrogas y siendo únicos proponentes.
Otro de los aspectos que se mencionó fue el relacionado con la pluralidad de proponentes, pues hasta antes de junio de 2022 siempre competían 20 empresas o más, pero con el tiempo esa cifra se redujo a máximo dos ofertas, ¿por qué?, por las exigencias en los pliegos de condiciones y eso se evidenció en la audiencia de aclaración de observaciones donde varias empresas quisieron participar, pero ante los exagerados requisitos que solo una empresa podía cumplir no tuvieron más remedio que desistir.
Las empresas de vigilancia que se interesaron en participar hicieron una serie de observaciones al pliego de condiciones, durante una audiencia virtual que no fue colgada en el portal de contratación Secop II, sin embargo está el acta con la transcripción de lo que allí se dijo y en Sigue La W seleccionamos unos apartes de los reclamos hechos por los representantes de dichas empresas.
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“Al supervisor ustedes le están pidiendo que sea oficial superior, o sea que ya iba a haber ejecutado mínimo 20 años de funciones a las Fuerzas Armadas y aparte de eso le piden 10 años de experiencia en empresa de vigilancia.
Eso está pidiendo una persona de más de 30 años para supervisor.
Si ustedes revisan en la Superintendencia y Vigilancia de Seguridad privada, el requisito para poder acreditar a una persona como supervisor es haber realizado el curso en una academia de vigilancia, ahí ya puede cumplir funciones de supervisor.
Solicitamos la entidad disminuyan un poco los requisitos porque están exagerados.
Sabemos que la única empresa que lo cumple es VIPCOL, el actual contratista de ustedes, de pronto se basaran de ahi para para establecer estas reglas.
Sin embargo, no todas las empresas tenemos las mismas calidades en las personas, digamos en la experiencia, ya lo piden oficial superior. Bájenle de 10 años a cinco años y de vinculación, pues ustedes saben que los contratos con el Estado de un año, ocho meses, dos años, ellos se van y continúan con la nueva empresa que se gana el nuevo contrato” (sic).
“Yo si quiero, aparte de reiterar las observaciones del anterior interviniente, doctora, y que usted me responda que va a estudiar, yo si quiero dejar de presente que esto es un proceso totalmente direccionado por la Defensoria del Pueblo a la empresa VIPCOL.
Y no me vengan a decir que respete que es que aquí los estamos ofendiendo, no, porque es que ustedes están actuando de una manera dolosa, de una manera muy, muy directa y están siendo una entidad exageradamente corrupta.
La Defensoría cuando hace sus intervenciones no digamos, no escatiman hacer la defensa y en hablar claro, nosotros también estamos hablando claro que aquí hay un evidente caso de corrupción. Un evidente caso de direccionamiento del proceso, no solamente en los perfiles, donde estamos viendo unos perfiles exageradamente altos, sino también en los procesos, en el proceso como tal, en la parte financiera únicamente la entidad debería exigir perfiles que estén acorde a los cargos que tiene establecida la Superintendencia de Vigilancia como consultor o asesor y no consultor y asesor ambas, y ahora es oficial y superior” (sic)
“Antes de tres años participábamos 20 o 30 componentes en este mismo proceso, y desde que ingresó la empresa VIPCOL efectivamente pues ha sido el único proponente y la forma en que este proponente ha ingresado es simplemente incluyendo unos perfiles que solamente esta empresa tiene.
Este servicio que ustedes están solicitando contratar a través de Licitación Pública obedece a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada y no a la contratación de personal administrativo para la Defensoría del Pueblo; el gerente, el coordinador y el supervisor pues son personales que son inherentes al servicio o a la empresa de vigilancia y pues nosotros contratamos el personal de acuerdo a los salarios que nosotros podemos pagar, y los coordinadores y gerentes que ustedes están requiriendo, inclusive el mismo supervisor que tienen unos perfiles extremadamente exagerados que ponen una barrera de entrada a esta contratación, pues exigirían unos salarios que no están contemplados dentro del presupuesto oficial que ustedes tienen establecidos” (sic)
“Luego entonces este perfil que si, seguro que supera por muchísimo incluso el perfil que tiene la doctora o incluso el mismo Defensor del Pueblo, porque es un perfil absolutamente exigente, la palabra aquí no es exigente, aquí la palabra es direccionado, porque es un perfil absolutamente específico. Como decían en el congreso hace unos años cuando se debatió cierto proyecto de ley, es un pliego sastre, es un requisito tipo sastre, hecho a la medida para alguien en específico y que realmente no se apega.
Luego entonces solicitamos que se elimine el hecho de que tenga que ser representante legal. Es un requisito inoficioso, no le quita ni le pone no le pone más calidad al gerente del proyecto. Esa experiencia debería ser en gerencia, en gerencia de procesos de vigilancia, no como representante legal de una empresa” (sic)
“También invitamos a la entidad a revisar el tema también del Drone, porque la entidad está pidiendo licencia de medios tecnológicos con Drones y adicionalmente a uno de los perfiles para el puntaje le está solicitando que acredite ser piloto de Dron. Sin embargo, uno revisa los servicios que se van a prestar en la entidad y ningún servicio requiere el servicio de drones, ni en los medios tecnológicos ni en los de vigilancia Humana como apoyo pues a la supervisión o a realizar algunos recorridos.
En ese orden de ideas, nuevamente reiteramos se cumpla con el principio de planeación y de proporcionalidad, el cual la entidad está vulnerando” (sic)
“Nos damos cuenta que todos los puntajes fueron acomodados entre el prepliego y semana santa y fue un pliego de puntaje hecho con los pies, porque si vemos todos los puntajes están netamente equivocados, en las partes de los titulares en negrilla dice entre paréntesis un puntaje, pero cuando ya vamos a las tablas dice otro puntaje, o sea, todos los puntajes están equívocos y acomodados de manera de afán y sin ningún sustento jurídico ilegal. Por lo tanto, solicitamos revisar todos los puntajes porque vienen con en la parte del titulo vienen con una puntuación y en la parte va especifica de los puntajes viene con otra” (sic)
Joaquín Esteban Ramírez, gerente administrativo Amcovit Ltda señaló en diálogo con Sigue La W que es triste porque es la propia Defensoría la que está restringiendo la participación e indicó que los perfiles fue una de las razones por las cuales su empresa no pudo participar.
“Nosotros insistimos mucho en que son perfiles que no tienen relación directa con el desarrollo contractual y para perfiles muy puntuales y específicos (…) y se suman muchos requisitos no solo en perfiles sino en lo financiero, en la experiencia. Todo fue hecho muy a la medida y se les advirtió”, señaló Ramírez.
Arthur Edgardo Álvarez Jiménez, gerente de GEVECOL indicó que el contrato estuvo direccionado y que en eso estuvieron de acuerdo varios de los interesados en participar y que al final tuvieron que retirarse por las exigencias tan complejas que se tenia dentro de la licitación.
“Fue un acto de corrupción, un remedo de licitación, porque no solo se presentó Vipcol sino que lo hizo otra empresa que se llama Inter Seguridad Ltda y entonces hicieron el remedo porque esta empresa no cumple tampoco las condiciones, simplemente quedó rechazado”, señaló Arthur.
Todos los detalles a continuación:
