Alejandro Lyons fue citado como “testigo clave” del ‘Cartel de la Hemofilia’ en Córdoba: esto dijo
El cuestionado exmandatario fue interrogado dentro de la investigación que se sigue contra el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, y el médico Juan David Náder.

Exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, desde una cárcel en Estados Unidos (referencia). Archivo.
Montería
Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, el cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, respondió al interrogatorio realizado en el juicio oral que sigue contra el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy y el médico Juan David Náder, por el ‘Cartel de la Hemofilia’. En el marco de este escándalo de corrupción, se habría desviado más de $50.000 mil millones del sistema de salud en el departamento.
El exmandatario ratificó que por cada facturación recibía el 10% de “comisión”, logrando un recaudo total por coima de $4.000 millones, recursos que, según su testimonio, habría dividido con el exsenador Musa Besaile, tras “ayudarlo a llegar la Gobernación de Córdoba en 2012”.
Contexto en La W:
- En diciembre sería interrogado el exgobernador Alejandro Lyons por el ‘Cartel de la Hemofilia’
- Musa Besaile acepta responsabilidad por corrupción en contratación en Córdoba
- apturan en Medellín a Sami Spath, condenado por corrupción en Córdoba
- Investigan caso en el que se habrían adquirido bienes con recursos de la salud en Córdoba
“Dividí mitad y mitad con el señor Musa Besaile porque tenía un acuerdo en ese sentido. Musa Besaile fue la persona que me ayudó a llegar a la Gobernación del departamento de Córdoba. El acuerdo era que, todo lo que recibiera por concepto de la Gobernación, era para él y para mí. Desde la primera vez que me pagaron, sabía que eran recursos provenientes de las cuentas de hemofilia”, dijo el exmandatario en medio del interrogatorio.
“Por todas las resoluciones que se le pagaron a Unidos por su Bienestar, esa empresa dio con destino a mi socio y a mí el pago del valor del 10% que salía. No me lo entregaban personalmente, sino a través de un amigo: Sami Spath”, agregó el exgobernador Lyons.
Sobre Guillermo Pérez Ardila, exrepresentante de Unidos por su Bienestar, y condenado por estos mismos hechos, el exgobernador señaló que llegó a su administración por recomendación de un amigo. En ese sentido, puntualizó: “nosotros no teníamos conocimiento de lo que develaron las investigaciones, que este señor había falsificado documentos y había pacientes que, efectivamente, se les prestaba el servicio y pacientes que existían, pero no se les prestaba el servicio”.
“Yo acepté la responsabilidad por recibir una comisión del pago de una prestación de servicio médico que tenía conocimiento que se realizaba”, puntualizó.
“Voy a ser honesto, si los funcionarios que participaban en ese trámite hubieran actuado en el ejercicio de sus funciones, esto no hubiera ocurrido, porque eso tenía tres o cuatro filtros. En primer lugar, se recibían unos documentos de solicitud de autorización de la empresa Unidos por su Bienestar o cualquier otra, con la negación de los servicios por parte de la EPS, en la que se constaba que estaban por fuera del POS que era lo que nos correspondía como administración departamental”, señaló.
“Posteriormente, eso llegaba a un comité, donde había un grupo interdisciplinario conformado por profesionales de la salud y otros, ahí ellos revisaban la historia clínica del paciente respectivo; tenían que verificar que la persona existiera (…) Luego de eso, en el caso de hemofilia, lo que se compraba era el medicamento”, detalló el exgobernador Lyons.
¿Qué dijo sobre la investigación contra el exsecretario Edwin Preciado Lorduy?
En el interrogatorio de cerca de 3 horas este 12 de diciembre, el exmandatario dijo que, después de un trámite que debía ser “exhaustivo”, la documentación correspondiente llegaba hasta el jefe de la dependencia, en este caso, el respectivo secretario de Salud.
En ese sentido, expresó que en la resolución por la que se investiga al exsecretario de Salud, Edwin Preciado, se autorizaron pagos mínimos en 2015, en comparación con los años anteriores. Sin embargo, aclaró que por este pago efectuado por más de $3.000 millones para pacientes inexistentes con hemofilia también recibió dinero.
“Tenía conocimiento que los pagos que se hicieron en 2015 eran mínimos frente al volumen de 2013 y 2014 (…) Los recursos con los que se pagaron las cuentas de hemofilia eran no POS, pero de esos recursos se pagan varias cuentas por conceptos diferentes, entonces, lo que hacíamos era firmar un CDP global para no POS”.
Frente a la pregunta efectuada por el Ministerio Público sobre la resolución No. 000775 de la siguiente manera: "sobre esta resolución, ¿usted también recibió comisión?“, el exgobernador respondió: “sobre todos los pagos que se hicieron”.
La audiencia de juicio oral continuará el 13 de febrero del año 2026, con el interrogatorio a tres testigos más de la bancada de la defensa.
¿En qué consiste esta investigación?
Según la investigación que adelanta la Fiscalía, el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, habría emitido la resolución No. 000775, en la cual no se estaría reflejando la realidad de los pacientes afectados con hemofilia en el departamento. En dicha resolución, se ordenaban tratamientos a 28 personas que, supuestamente, pertenecían a la población pobre no cubierta con subsidios; argumento que más adelante presentó todo lo opuesto, debido a que, “de esas 28 personas, 27 estaban afiliadas a diferentes EPS y solo una pertenecía a la población indicada anteriormente”.
Por los supuestos pacientes hemofílicos se habría efectuado pagos a la IPS Unidos por su Bienestar en marzo de 2015, por un valor de $3.174.972.152, luego de que el representante legal de la época Guillermo Pérez Ardila, y el coordinador del Programa de Inmunización (PAI) de ese entonces, Alfredo Ignacio Ceballos, presentaran documentos firmados en los que, supuestamente, se habían autorizado entregas de medicamentos a los pacientes, además de las también autorizaciones por la prestación del servicio otorgadas por el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado y el excoordinador del Centro de Autorización CAM, Adalberto Rafael Carrascal Barón.
Tras lo expuesto, Preciado Lorduy es procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción. El exfuncionario ha insistido en su inocencia.
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