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Polémica por audio de reunión entre Uaesp y sociedad de ingenieros sobre Doña Juana

El audio, que fue editado, se refiere a un proceso sancionatorios contra el operador del relleno sanitario.

Relleno Doña Juana. Foto: Colprensa

En las últimas horas, el concejal de Bogotá por Cambio Radical, Yefer Vega, denunció la supuesta fabricación de pruebas por parte del Distrito en contra del CGR Doña Juana, operador del relleno Sanitario. 

La prueba del concejal es un audio filtrado de una reunión de zoom en la que participaron el abogado Juan Carlos Jiménez de la Uaesp, el subdirector de asuntos legales de la Uaesp Carlos Quintana; Fredy Aldana, subdirector de disposición final de la Uaesp y el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Germán Pardo.

En la reunión se habla del proceso sancionatorio que adelanta el Distrito en contra de CGR, debido a los constantes incumplimientos de sus obligaciones contractuales en el manejo de residuos y lixiviados. Proceso, que podría acarrear la terminación del contrato o el cobro de una millonaria cláusula, como lo dio a conocer la Uaesp en días pasados. 

Además, los funcionarios de la Uaesp le piden emitir un concepto sobre el manejo del relleno a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y manifiestan que ya se tiene un plan de contingencia ante lo que parece la inminente terminación del contrato con CGR. 

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Al respecto, la Uaesp emitió un comunicado en el que manifiesta, en primer lugar, su preocupación por la interceptación de la reunión que tiene carácter reservado por tratarse de un tema jurídico. 

"Este episodio deja cuestionamientos como ¿quién intercepta a la UAESP?, ¿por qué y cómo personas ajenas a la entidad tienen acceso a estas grabaciones irregulares?, ¿por qué se hacen públicas y se descontextualizan? Y ¿cuáles son los intereses de estas acciones?", dice el comunicado. 

En segundo lugar, la Uaesp señala que la grabación fue "manipulada, editada y sacada del contexto de lo que fue el desarrollo mismo de la reunión, desinformando a medios de comunicación y opinión pública". 

De igual forma, manifiesta el Distrito que no se trató de una reunión para prejuzgar a los contratistas, sino del deber legal de tener "estrategias jurídicas para defender los intereses públicos y fundamentar técnica e imparcialmente todas sus decisiones, como se pretendía con la Sociedad Colombiana de Ingenieros".

Finalmente, la entidad anuncia que interpondrá las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes ante lo que considera son intercepta iones ilegales que pueden poner en riesgo a los funcionarios.

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