Decir que la excarcelación es inconstitucional no basta, se necesitan propuestas: experta

El pasado 4 de mayo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló que, hasta la fecha, 268 personas privadas de la libertad han sido beneficiadas con la detención domiciliaria, en el marco del decreto ordenado por el Gobierno Nacional para mitigar el COVID-19 en las cárceles del país.

De esta manera, hasta la fecha, han sido radicadas 1.454 libertades, de las cuales 198 han sido negadas por las autoridades judiciales. 

Cabe recordar que el decreto 546 de 2020 establece las reglas, con una duración máxima de seis meses, para conceder medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitorias a los reclusos que están en las cárceles del país. Esto, según el documento, con el fin de "evitar el contagio de la enfermedad coronavirus del COVID-19, su propagación y las consecuencias que de ellos derive". 

Sin embargo, en el marco de las críticas que han surgido desde la academia hacia esta medida, la profesora Helena Suárez habló en La W sobre la constitucionalidad del decreto de excarcelación y dijo que en Colombia no hay una política criminal seria.

“Nuestras cárceles no dan abasto para tener a más personas privadas de la libertad”, sostuvo la experta, quien agregó que la pena privativa de la libertad no es sinónimo de justicia.

Además, se refirió a la saturación del sistema carcelario: "Estamos enfrentados a una pandemia en la que es evidente en que el contagio es una probabilidad alta (...) nuestras cárceles no dan abasto para tener a más personas privadas de la libertad".