La magistrada Magda Acosta, del Consejo Superior de la Judicatura, hizo una investigación en la que encontró que las mujeres indígenas prefieren acudir a la jurisdicción ordinaria para denunciar delitos sexuales, a propósito de la grave denuncia contra ocho soldados del Ejército Nacional que habrían presuntamente abusado sexualmente de una niña indígena embera de 13 años de edad.
De esta manera, Acosta explicó en La W que la jurisdicción indígena no las está protegiendo.
"Se ha presentado un incremento de denuncias en la jurisdicción ordinaria por parte de mujeres indígenas, pues acuden para denunciar delitos de agresión sexual en ellas o en sus hijas", indica Acosta.
El pasado 24 de junio se conoció que este hecho se produjo en predios de la comunidad indígena Menduará del Resguardo Gito Dokabú, del municipio de Pueblo Rico en Risaralda, que limita con el Chocó. Así, los uniformados fueron identificados como miembros del batallón San Mateo de Pereira.
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