“Laura Sarabia me pidió, por orden de Petro, nombrar a Olmedo López en la UNGRD”: Luis F. Velasco

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco aseguró que Olmedo López llegó a la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por una orden del presidente de la República, Gustavo Petro.

Según dijo, la instrucción fue enviada a través de Laura Sarabia, quien ocupó varios cargos de importancia en el Gobierno Nacional. Sin embargo, aclaró que él no quiso cumplirla y ahí empezaron las discordias.

Velasco se pronunció en medio de la audiencia de medida de aseguramiento que se adelanta ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que la Fiscalía General de la Nación pidió que se ordene su detención domiciliaria y la del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta relación con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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El exministro aseguró que, en abril de 2023, cuando fue designado como director encargado de la entidad, ocurrió un episodio que generó malestar en el Gobierno Nacional y que se relacionó con uno de los protagonistas del desfalco.

Según relató, el presidente Petro ordenó que Olmedo López fuera nombrado como director de la UNGRD, a pesar de los indicios sobre supuestos hechos de corrupción.

El relato de Velasco

“Olmedo, un dirigente de la izquierda de este país, llegó a la dirección de la UNGRD y, a decir verdad, nunca debió estar ahí. Señora magistrada, a la Presidencia le advirtieron, en comunicaciones que se consiguen en medios abiertos, que contra él se había pedido una investigación penal, por defraudar a su socio en una empresa en su tierra", contó.

Y agregó: “Las mañas de este señor, al parecer, no eran nuevas. Yo no traje a Olmedo al Gobierno ni fui su jefe. Sin embargo, hoy estoy aquí sentado. A él lo trajo la Presidencia porque allá sí lo conocían. Incluso, señora magistrada, déjeme contarle un episodio que no es menor".

“En abril de 2023 fui encargado por cerca de 30 días de la dirección de la UNGRD y, estando en el encargo, la doctora Laura Sarabia, por instrucciones del señor presidente, me pidió vincular al señor Olmedo a un cargo directivo en esa entidad. Me bastó una reunión con él para no adelantar esa instrucción y, como se comprobará más adelante, no adelanté ninguna acción para nombrar a ese señor. Ahí creo que crecieron distancias que venían de atrás (…)”, aseguró Velasco.

La magistrada del Tribunal lo interrumpió para expresarle que no había entendido, y Velasco repitió:

“A mí me pidieron, desde la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia, nombrar al doctor Olmedo en la dirección, en uno de los cargos directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y yo no lo nombré. Y ahí crecieron distancias que venían de tiempo atrás y que presentaremos en su momento”, afirmó.

El exministro, durante 20 minutos, aseguró que no cometió ningún delito y que no se concertó con Bonilla para comprar a los congresistas.

También le pidió a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que pueda defenderse en libertad.

Velasco dijo que lo que más le ha dolido es que su papá, que próximamente cumplirá 80 años, haya tenido que enterarse de todo lo que se ha dicho en su contra, pero insistió en que demostrará su inocencia.

Defensa

La abogada Rosa Elena Suárez, defensora de Velasco, aseguró que la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento que hizo la Fiscalía General de la Nación carecen de solidez.

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“No basta con relatar hechos genéricos ni con aludir a comportamientos ambiguos o socialmente reprochables. La inferencia debe articular de manera lógica y verificable los elementos recaudados con la estructura del tipo penal”, dijo.

Sobre el testimonio de Olmedo López, la jurista señaló que la Fiscalía no acreditó los requisitos mínimos para demostrar que se habría consolidado un acuerdo criminal en el que habría participado Velasco. También dijo que se explicaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se habrían dado las órdenes de comprar congresistas.

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Igualmente, desestimó la tesis de la Fiscalía sobre que las reuniones en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior eran cónclaves de una concertación criminal.

Según Suárez, la Fiscalía no presentó pruebas que demuestren que así ocurrió.

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