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La última tutela que se interpuso antes que el Gobierno reactivara el uso de glifosato

César Santoyo, director Ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, explicó en Sigue La W que esta tutela es un amparo constitucional que necesitan los indígenas.

César Santoyo, director Ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, explicó en Sigue La W que esta tutela es un amparo constitucional que necesitan los indígenas.. Foto: Colprensa

La última tutela que se le alcanzó a atravesar al Gobierno en su política de reactivación del glifosato, antes de que la presidencia decretara su propio juez: el Consejo de Estado. En Sigue La W hablamos con los promotores del recurso que puso en pausa el plan de manejo ambiental para erradicación de cultivos, por no consultar con las comunidades como lo pidió la Corte.

En diálogo con Sigue La W, César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, manifestó que “es un amparo constitucional que necesitan los indígenas para defender instancias de derechos constitucionales que están siendo vulnerables por el actuar del Gobierno”. Esta tutela “se necesita para defender su vida”.

“Hemos procedido a que se ampare el derecho constitucional en todo el territorio nacional con base en pruebas que aseguran que (el uso del glifosato) vulnera la salud pública de estas comunidades”.

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Por su parte, Diana Bernal, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, aseguró que “la tutela busca la suspensión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG). Estamos preocupados porque con el Decreto 380 de manera autónoma deciden desconocer la decisión del Tribunal de Paz”.

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