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Procuraduría pidió a la CAR tumbar decisiones sobre la reserva Thomas van der Hammen

El director de la CAR, Néstor Franco se pronunció frente al tema y dijo que la solicitud del procurador será evaluada para conocer sus argumentos.

El consejo directivo deberá decidir si acoge o se margina de la solicitud de la Procuraduría: director de la CAR. Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca revocar las decisiones que negaron la recusación contra su director, Néstor Franco González, y lo habilitaron para discutir el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la modificación de la reserva forestal Thomas van der Hammen.

Adicionalmente, solicitó dar traslado del expediente a la Procuraduría General para que sea el ente de control el que resuelva la recusación interpuesta contra Franco González.

“Este organismo de control amablemente recuerda, que en los términos de la Ley 734 de 2002, constituye falta gravísima, actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. Asimismo, es falta gravísima, no declararse impedido oportunamente, cuando exista obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto (artículo 48 Num. 17 y 46)”.

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El Ministerio Público en carta enviada al presidente del Consejo Directivo de la CAR, Efraín Eduardo Contreras Ramírez, enfatizó que la decisión del pasado 28 de mayo, de no aceptar la recusación formulada por la Veeduría Ciudadana para la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. Thomas van der Hammen, representa una grave violación a los artículos 6 y 122 de la Constitución Política, y al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque constituye una actuación sin competencia legal.

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En su carta, la Procuraduría advirtió que aunque ese comité nomina al director no es su superior jerárquico, porque este funcionario como representante legal de la CAR tiene autonomía técnica, y sus decisiones, como las de los ministros, directores de departamentos administrativos y superintendentes, no pueden ser apeladas.