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Gobierno Ortega acusa a opositores presos de recibir dinero de EE.UU

El gobierno de Nicaragua aseguró este lunes que los precandidatos presidenciales detenidos son "usurpadores" financiados por el país norteamericano.

Gobierno Ortega acusa a opositores presos de recibir dinero de EE.UU. Foto: Getty Images/ INTI OCON

El gobierno de Nicaragua aseguró este lunes que los precandidatos presidenciales detenidos bajo cargos de "incitar a la intervención extranjera" son "usurpadores" financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Daniel Ortega.

Para el gobierno sandinista, los opositores, detenidos en sucesivas redadas policiales a cinco meses de los comicios presidenciales, no representan a "la verdadera oposición de Nicaragua" porque no se han registrado ni han sido seleccionados como candidatos por ningún partido político.

"Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos", dijo el gobierno a través de un texto titulado "Nicaragua: En Defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho".

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De acuerdo con el documento, los opositores, directamente o "a través de sus respectivas ONG's, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID" y otras agencias, para "derrocar al gobierno electo del Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra".

La acusación del gobierno se produce en medio de duras críticas de la comunidad internacional y sanciones de Estados Unidos por la detención de 13 opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia, destacados miembros de la disidencia sandinista y líderes de la empresa privada y sociedad civil.

La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

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También están detenidos el exdiplomático, Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, cuya liberación inmediata es reclamada por la comunidad internacional.

El gobierno pidió que no haya "interferencia" en la investigación contra estas personas, acusadas "por delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa".

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