• Actualizado 30 Nov 2021 12:32

Caso grafitero: Piden relevar de su cargo al actual comandante de la Policía en Bogotá

Esto mientras cursan las investigaciones sobre su presunta participación en la manipulación de la investigación y adulteración de los hechos del crimen de Diego Felipe Becerra.

Colprensa - Camila Díaz

Bogotá

En las últimas horas, Diego Cancino, concejal de Bogotá, en carta enviada al presidente Iván Duque, le pidió que releve del cargo al comandante de la Policía Metropolitana, Eliécer Camacho Jiménez.  Esto mientras cursan las investigaciones sobre su presunta participación en la manipulación de la investigación y adulteración de los hechos del crimen de Diego Felipe Becerra, ocurrida el 19 de agosto de 2011.

“En los últimos días se conoció que la Fiscalía señaló una presunta participación del señor Camacho Jiménez en los hechos que llevaron al desvío de la investigación por falsas versiones para ocultar el crimen;* favorecer al patrullero que disparó contra el menor de edad y construir un perfil criminal al graffitero, lo anterior, cuando Camacho era comandante de la Sijín MeBog,” señaló el concejal.

Además agregó, que “como es de público conocimiento, varios policías de distintos rangos han sido condenados y otros se encuentran en curso de vinculación no sólo por el crimen, sino porque “organizaron” una versión de los hechos para presentar al muchacho como delincuente que con arma de fuego en mano intentó atracar un bus de servicio público.”

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“Los policías y funcionarios hasta ahora condenados buscaron y pusieron un arma de fuego en sus manos, sobornaron a un testigo para que hiciera una declaración falsa y cambiaron el radicado de una denuncia verdadera de un robo a un bus. Todo para intentar demostrar que el chico era un delincuente y que murió en su justa ley. Diez años han pasado para que se empiece a hacer justicia y faltan más hilos por tejer”, señaló Cancino.

En su carta el concejal argumenta que “(…) el general Camacho, como comandante de la MEBOG, tiene acceso al personal humano y a recursos materiales y tecnológicos que podrían obstaculizar el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía. De igual forma, el Estado tiene la obligación de desplegar todo tipo de acciones orientadas a impedir que se vuelvan a realizar situaciones vulneradoras de derechos humanos (…)”.

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