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Piden a Petro tramitar ley sobre condiciones de Primera Línea como gestores de paz

El senador Humberto de la Calle advirtió que se necesitaría llevar al Congreso la discusión de posible salida de las cárceles de los jóvenes capturados en el paro nacional.

Gustavo Petro. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

En el Congreso de la República sigue agitado el debate sobre la posible liberación de jóvenes de Primera Línea, capturados por distintos delitos durante el paro nacional, para que se conviertan en gestores de paz.

Aunque el Gobierno Nacional ha señalado que quienes han sido procesados por delitos graves no saldrán de las cárceles, desde el Senado advierten que las condiciones deberían quedar claras y, para ellos, proponen que la discusión sea llevada al Congreso a través de un proyecto de ley.

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“Esas son personas que están siendo juzgadas, luego me parece que ahí hay un vacío en la argumentación del Gobierno, que es grave, y que debería remediarse, si el gobierno lo quiere, mediante una nueva discusión razonable en el Congreso. Creo que el Gobierno debe presentar un proyecto de ley específico para eso”, indicó el senador Humberto de la Calle.

El exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc manifestó que este no es un tema menor, pues tiene que ver, entre otros, con garantizar el respeto por la independencia de las ramas del Poder Público, en este caso, de la justicia frente al Ejecutivo.

“Esto no es santanderismo, este es el tema crucial del Estado de Derecho. Estamos trabajando con el corazón del Estado de Derecho, que es la capacidad del Ejecutivo de incidir en decisiones judiciales, luego no basta con hacer analogías o buscar caminos inexistentes, debería quedar absolutamente claro y propongo que se discuta nuevamente en el Congreso porque eso no quedó en la Ley de Orden Público”, afirmó De la Calle.

El congresista también agregó es necesario se cuidadoso frente al tipo de delitos y lo que pasaría con los procesos.

“El problema para el Gobierno es cómo distinguir entre esos casos donde puede haber alguna razonabilidad y los casos graves, algunos incluso ya condenados, frente a los cuales política y jurídicamente es un paso bastante complicado. La llamada Ley de Orden Público no contiene ninguna norma que permita suspender procesos o suspender la ejecución de la pena”, concluyó.

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