Libres los 3 capturados por presunta corrupción en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17

La jueza 131 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a los tres capturados por su presunta participación en los supuestos hechos de corrupción que rodearon la suscripción del contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17.

En ese sentido, la jueza decidió no imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los procesados; sin embargo, seguirán vinculados al caso.

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Se trata del exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; del exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación N.º 32 del Ejército Nacional.

Según se conoció, la jueza argumentó que los procesados no tienen antecedentes penales, no representan un peligro para la sociedad ni para la investigación y tampoco existen indicios de que puedan obstruir la administración de justicia.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, serían los presuntos implicados en las irregularidades detectadas en un contrato entre el Ministerio de Defensa Nacional y una firma estadounidense para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17, por un valor de 32 millones de dólares.

Rol de cada uno de los procesados

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción definió el papel que, al parecer, cumplieron los investigados.

“El coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría refrendado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte alguno, que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica, pese a que el comité evaluador descartó a ese oferente. Además, es señalado de intervenir para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la verdadera capacidad económica del contratista”, señaló la Fiscalía.

Sobre Manrique Cabezas, se tiene que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes, lo que permitió aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente.

De acuerdo con el ente acusador, Mora Tamayo supuestamente era consciente de las irregularidades del proceso y del incumplimiento de los requisitos legales; aun así, habría suscrito el contrato N.º 012 de 2024 el 31 de diciembre de 2024 y, posteriormente, viabilizó la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.

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La Fiscalía también señaló que, a pesar de que el contrato no podía ejecutarse, el desembolso se hizo efectivo el 15 de abril de 2025.

“De la totalidad del contrato, el contratista solo ejecutó actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha haya sido reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares, luego de la declaratoria formal de incumplimiento”, dijo la Fiscalía.

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