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Profesores piden a la Fiscalía desalojar a comunidades indígenas en Cauca

Los docentes afirmaron que un predio que adquirieron con los ahorros de más de 35 años fue ocupado de manera irregular en el sector de Julumito en Popayán.

Según Asoinca, la finca fue adquirida por un valor aproximado a los 9 mil millones de pesos . Foto: Cortesía

La Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, Asoinca, solicitó a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobierno de Popayán desalojar a comunidades indígenas que vienen ocupando una de sus fincas desde hace cerca de dos años.

El presidente de dicha organización y representante de la Cooperativa Multiactiva Provitec, Fernando Vargas, explicó que ya agotaron todas las instancias e intentaron dialogar con los líderes del Cabildo de Julumito, sitio donde se encuentra el predio.

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Según el directivo, el terreno fue adquirido por una suma aproximada a los 9 mil millones de pesos que corresponden a los ahorros que durante 35 años han hecho los educadores de esta región.

“En este caso, para 250 familias se ha visto interrumpida la posibilidad de una solución de vivienda debido a que el predio que compramos con todos los ahorros de más de 10.200 familias fue invadido por integrantes del cabildo indígena de Julumito”.

Vargas lamentó que, a pesar de las denuncias presentadas ante los organismos competentes, su derecho a la propiedad no ha sido restablecido, “parece que en el país hoy pueden hacer lo que quieran, no hay justicia no hay leyes que valgan”.

Asimismo, expresó su rechazo porque en esta oportunidad, la invasión no afecta a grandes terratenientes sino a trabajadores que con mucho esfuerzo lograron comprar dicha finca que consta de 106 hectáreas.

“La Agencia Nacional de Tierras nos dio certificación de que es un predio no priorizado para comunidades indígenas, que mientras haya sido invadido de manera ilegal tampoco lo pueden negociar”.

El presidente de Asoinca cuestionó a los líderes indígenas que promueven este tipo de actividades, a quienes responsabilizó de generar antipatía en el Cauca, e incluso a nivel nacional e internacional.

“Entre organizaciones hermanas no nos podemos hacer este tipo de afrentas y ofensas (…) También les hemos propuesto que en un acto político nos devuelvan el terreno y hagamos de cuenta que no ha pasado nada”.

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Es de recordar que las comunidades que permanecen en dichos predios vienen efectuando, igual que en otros municipios del Cauca, la autodenominada “liberación de la madre tierra”, con la que reclaman terrenos que consideran ancestrales.

Autoridades indígenas 

La gobernadora de ese Resguardo, Sandra Ortiz, dijo que en el año 2013 el propietario de dicha finca hizo voluntariamente una oferta al Cabildo, pero al no contar con asignación de tierras por parte del Gobierno, no pudieron acceder.

Sin embargo, explicó que en el año 2015 les asignaron 260 hectáreas para el Cabildo, por lo que retomaron la propuesta con el empresario, e iniciaron un nuevo proceso de negociación.

En el 2017, dijo la dirigente, evidenciaron que Asoinca también pretendía esos predios, por lo que iniciaron los diálogos con los directivos y pusieron en conocimiento sus intenciones y procesos realizados, sin que se tuvieran en cuenta sus pronunciamientos.

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