Gremios, expectantes y preocupados ante el impacto que tenga la emergencia económica en sus sectores

David Jiménez, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del decreto de emergencia económica que expedirá el Gobierno Petro luego de que se hundiera la Ley de Financiamiento en el Congreso.

“En el marco de la emergencia que se busca declarar por parte del Gobierno Nacional, los gremios estamos expectantes para conocer el contenido final”, dijo.

Aclaró que las estaciones de servicio del país no fijan directamente los precios ni controlan el régimen de precios de los combustibles, sino que “eso es resorte del Gobierno Nacional”. No obstante, señaló que sí asumen los costos financieros, operativos y tributarios de distribuir combustible en el país.

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“Cada medida que se decrete, termina trasladándose a la cadena de combustibles en el país, afectando a las pequeñas y medianas empresas y al consumidor final en el precio de venta”, sostuvo.

Afirmó que entiende que el Gobierno Nacional busca garantizar una estabilidad fiscal y atender situaciones con este nuevo impuesto, aunque indicó que aumentar la carga tributaria “no es la única ni la principal medida para solventar una situación de déficit fiscal”.

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Por su parte, Camilo Ospina, presidente de Asobares, comentó que esta emergencia económica tendría un impacto directo en los consumidores, pues tendría un aumento en el impuesto de los aguardientes en un 48%, y para licores importados del 40%.

“Sería definitivamente un golpe fatal para nuestro sector, que viene también acumulando unos incrementos”, sostuvo.

Recordó que a esta situación se le suma la reforma laboral, donde los incrementos en la jornada nocturna vienen encareciendo la operación, además de los altos arriendos de los locales.

¿La emergencia económica incrementaría el contrabando?

Ospina aseguró que sí incentivaría el incremento del contrabando. Incluso, mencionó que en épocas anteriores, Gobierno Nacional, importadores, mercado y comercializadores se pusieron de acuerdo para luchar contra ese fenómeno ilegal, igualando los precios que se entregan al público por parte de esa economía.

“Estamos en un techo de nivel de venta porque la capacidad de adquisición de los colombianos está mermada”, advirtió.

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