El manotazo al petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso un mensaje en su cuenta de Truth en el que dice “Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad. Ese petróleo se venderá a su precio de mercado y el dinero será controlado por mí como presidente de Estados Unidos para garantizar que se utilice para beneficiar al pueblo de Venezuela y los Estados Unidos de América”.

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El anuncio ha sido interpretado por analistas como una especie de primer pago impuesto por Estados Unidos a Venezuela por la operación para deponer y capturar a Nicolás Maduro.

Esa cantidad de petróleo, a precios de hoy, significa cerca de 2.800 millones de dólares y, al ritmo de la mermada capacidad de la industria petrolera venezolana, significa que le entregarán a Estados Unidos dos meses de producción.

Venezuela que en su mejor época llegó a producir 3 millones diarios de barriles de petróleo ha ido rebajando su capacidad hasta 1 millón 100 mil barriles en promedio de hoy.

El presidente Trump sostiene que Venezuela robó tierra y activos a las compañías petroleras estadounidenses.

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La verdad de esto es que Venezuela nacionalizó su petróleo muchos años antes de la llegada al poder de Hugo Chávez pero existían convenios de concesión por participación porcentual con empresas extranjeras.

Desde el fifty-fifty que entró en vigor en 1948, durante la presidencia de Rómulo Gallegos, que exigía a las empresas petroleras extranjeras entregar el 50% de sus ganancias al Estado; hasta 1976 cuando Carlos Andrés Pérez señaló que las petroleras extranjeras podían asociarse con PDVSA, pero la estatal debía mantener el 60% de las acciones de cualquier operación conjunta.

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez cambió las reglas de juego y expidió un decreto y tomó control de las instalaciones y refinerías que funcionaban con participación de empresas estadounidenses como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, entre otras.

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Los contratos establecían que si eso sucedía las controversias debían ser resuelta por arbitramento internacional.

En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) ordenó a Venezuela pagar US$ 8.700 millones tras catalogar como ilegal la confiscación de proyectos de ConocoPhillips.

Venezuela solo pagó 700 millones, menos del 10 por ciento de la condena. Interpuso recursos para anular la sentencia pero perdió el año pasado. Aún así no ha pagado.

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ExxonMobil también demandó a Venezuela por las expropiaciones de 2007 y ganó. En 2014, el CIADI ordenó a Venezuela a pagar 1.600 millones de dólares a la petrolera estadounidense.

Después de años de recursos legales, el monto se ajustó aproximadamente a US$ 985 millones. En septiembre de 2025, el juez Royce Lamberth, en Washington DC, decidió a favor de ExxonMobil, ordenando a Venezuela a pagar el monto establecido por el tribunal del CIADI.

Esa es la razón por la cual, el presidente de Estados Unidos se siente autorizado a cobrar la deuda por derecha.

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Rafael Ramírez fue conocido durante el gobierno de Hugo Chávez como el zar del petróleo de Venezuela.

Ocupó el Ministerio del Petróleo y la presidencia de la estatal petrolera PDVSA durante más de 10 años, incluso al comienzo de la administración de Nicolás Maduro.

Después pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue remplazado por la hoy presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y el fue nombrado embajador ante Naciones Unidas.

En 2017, Nicolás Maduro lo removió del cargo y ese mismo año el fiscal general Tarek William Saab lo señaló de presuntos actos de corrupción en PDVSA. El señor Ramírez se fue a vivir a Italia.

En 2021, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió la extradición del señor Ramírez por estas acusaciones.

Saludamos al exzar del petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, a quien le decimos buenos días.

Venezuela fue uno de los países más ricos del mundo, hoy el índice de pobreza es superior al 86 por ciento y casi 8 millones de venezolanos, la cuarta parte de la población, han tenido que dejar su país huyendo de la represión y el hambre.